lunes, 8 de marzo de 2010

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El Comercio | Politica


La FICI analiza unirse a las marchas
El Comercio | Politica 08 03 2010, 08:45

Redacción Ibarra

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) busca sumar más actores a la anunciada movilización de protesta contra el Gobierno.

Dentro de ese marco, ayer la Federación de Pueblos Kichwas de la Sierra Norte (FICI) realizó una asamblea, para decidir si se suman o no a las medidas de hecho.

En la reunión que se desarrolló en Otavalo participaron, aproximadamente, 60 dirigentes. Entre ellos se resaltó la presencia de la legisladora Lourdes Tibán (Pachakutik) y el ex alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña. Durante su intervención, Tibán invitó al pueblo indígena imbabureño a participar en las movilizaciones. Pero, a la vez, planteó la necesidad de elaborar propuestas alternativas en temas como las leyes de Aguas, Educación Intercultural Bilingüe y la de Organización Territorial.

Los planteamientos recogidos en esta reunión serán expu estos en las bases de cada una de las comunidades indígenas.

Hasta el cierre de esta edición no se oficializaba la participación de la FICI en las movilizaciones. Redacción Ibarra


La regionalización, con reparos en el país
El Comercio | Politica 08 03 2010, 08:45

Redacción Política y Corresponsalías

La conformación de nuevos espacios territoriales y formas de gobierno que impulsen un desarrollo equitativo a través de regiones es la propuesta en el proyecto de Ley del Código de Ordenamiento Territorial. Para los prefectos este nuevo estilo de gobernabilidad es viable si se hace sin imposiciones y con la consulta a la ciudadanía, como establece la Ley que entra en debate hoy en la Asamblea.

Ellos cuestionan la división territorial que hizo la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) para la ejecución de proyectos. La entidad conformó ocho regiones en el país. A través de un proceso de articulación territorial se planifican las obras. "Es la forma en la que el Gobierno se organizó territorialmente", dijo la subsecretaria de Senplades, Ana María Larrea.

Sin embargo, este mecanismo de trabajo provoca discrepancias. Cada provincia actualmente zonificada quiere liderar la región y se habla de que se priorizan obras que no son consultadas con toda la ciudadanía.

En Senplades se habla de que esta división territorial concluirá cuando la ciudadanía en el plebiscito decida a qué región quiere pertenecer. Para este proceso hay un plazo de ocho años y son los prefectos quienes socializarán el proceso. Una vez que se conformen las regiones, se definirán las cabeceras regionales y se nombrará a las autoridades que estarán al frente de este organismo.

A los prefectos les preocupa que al agruparse y solicitar recursos la falta de presupuesto impida la ejecución de obras.

Entre tanto, El Oro, Azuay, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Cañar conformaron la Mancomunidad del Sur, para dar paso a un nuevo modelo de gestión paralelo al de la región.

El eje de desarrollo sería Guayas

Con el nuevo Código de Ordenamiento Territorial, Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar formarían una región con independencia administrativa. La producción de las cuatro provincias constituye el 26% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Guayas es la de mayor proyección con un PIB de USD 4 838 millones, su principal fuente de ingreso la constituye la industria manufacturera y el comercio.

En Santa Elena, el turismo y la pesca son las principales actividades. Y en Los Ríos y Bolívar son la agricultura y la ganadería.

El presidente de la Cámara de Comercio de Quevedo, Raúl Serpa, piensa que la división será positiva en la medida que se respete la autonomía de cada provincia.

La regionalización tiene una vía

Los procesos de autonomía y trabajo con otras provincias no son ajenos en El Oro. En 2000 la ciudadanía dio paso a la autonomía administrativa. Desde entonces, y aunque con limitadas funciones, la Prefectura tiene competencias en temas medioambientales, de turismo y vialidad.

También desde 2008, administra la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. Para la provincia sería factible la creación de una región sur con Loja, Azuay, Cañar, Zamora y Morona Santiago.

Se quiere debatir si la provincia debe ir a una región autonómica o sumarse a la idea de la Senplades, de una región con tres provincias: El Oro, Azuay y Loja. Desarrollan talleres para que la gente se empape sobre la regionalización.

Manabí busca socio estratégico

El interés de Santo Domingo de los Tsáchilas de conformar una región con Manabí tiene sus estrategias. Las autoridades locales ven en el proyecto Manta–Manaos una pieza clave. La posición geográfica de la provincia colorada es una ventaja.

En esta zona se despacha productos a las provincias. El mercado de ganado semanalmente genera USD 3 millones. Estas son las bases a las que le apuestan en esa zona para los futuros acuerdos en la región.

Mientras que en Manabí se piensa también en los socios estratégicos para el desarrollo productivo. Mantienen conversaciones con las autoridades de Santa Elena, para finiquitar transacciones comerciales.

Mancomunidad, otra alternativa

En el sur del país la regionalización pierde apoyo poco a poco. Sin embargo, cada día gana más adeptos la idea de una mancomunidad para esta zona.

Esta propuesta nació desde la Prefectura del Azuay. En este proceso está involucrada la provincia de Morona Santiago, parte de la Amazonia. La estructuración que organizó Senplades no sería la adecuada, según las autoridades de ese sector. Por ejemplo, para Cañar, que estará fusionada con Azuay y Morona Santiago, la capital de la región deberá ser Azogues, actual capital de esa provincia. Pero no todos están de acuerdo con esa postura, a pesar de que por la cantidad de población generará mayor desarrollo.

Además, en Morona Santiago se aclara que el apoyo a la denominada mancomunidad no quiere decir que quieran pertenecer a esa región como está pensada.

Un consenso para la región

El prefecto de Tungurahua, Fernando Naranjo; el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Bayardo Constante, y Juan Salazar, alcalde de Riobamba, coinciden en que debe haber un consenso entre las autoridades y la ciudadanía para integrar una región.

Caso contrario creen que la aplicación del Código de Reordenamiento Territorial, que está en debate en la Asamblea, no dará los resultados esperados, pues dicen que se debe respetar la historia particular de ada una de las provincias de esta región.

Con ello se busca dejar de lado la rivalidad de más de 30 años entre Tungurahua y Chimborazo. Las autoridades dicen que estos problemas fueron superados desde 1999 con la erupción del volcán Tungurahua. A través de un bloque biprovincial atendieron la emergencia en ese año.

La región 1 está cuestionada

Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos forman parte de la región 1, según el plan de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

De mantenerse esta zonificación sería una de las regionales más diversas del país. En esa zona viven más de 800 000 personas; entre indígenas, afrodescendientes, mestizos y blancos.

El comercio y el turismo son las actividades principales y tres de las cuatro provincias cuentan con infraestructura vial adecuada.

Por la ubicación geográfica, en la frontera norte, Senplades las unió en esta región. Sin embargo, hay reparos de parte de los prefectos de estas provincias.

Ellos se quejan de que las obras que se priorizan no benefician a toda la regional. Por ejemplo Lucía Sosa, prefecta de Esmeraldas, no está de acuerdo que las reuniones de Senplades y Plan Ecuador se concentren en Carchi, Imbabura o Sucumbíos.

La socialización es la prioridad

Pichincha, Napo y Orellana forman parte de la denominada segunda región, según el plan ejecutado por la Senplades.

Respecto al proyecto del Código de OrdenamientoTerritorial y a la propuesta de división de la Secretaría de Planificación hay criterios diferentes por parte de los prefectos de esas provincias.

Gustavo Baroja(Alianza País), prefecto de Pichincha es cauto.

"Es un tema complicado porque va a traer disputas por la definición de las capitales de cada región". Más allá de las rivalidades considera que la gente debe involucrarse para tomar una decisión unánime. Por su lado, la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, considera que no hay una suficiente socialización de este proyecto y que se debería mejorar primero ese sistema.


El Régimen acosa otra vez a Teleamazonas
El Comercio | Politica 08 03 2010, 08:45

Redacción Política

Los ataques del Gobierno contra la estación Teleamazonas volvieron ayer por la mañana. Esta vez, el programa Día 7, conducido por Jorge Ortiz, fue interrumpido por una cadena oficialista en su contra.

Para la transmisión del video gubernamental solo se interrumpió la programación de Teleamazonas, a las 09:00. Jorge Ortiz confirmó que la cadena no fue transmitida en otros medios.

La cadena oficial hacía referencia a las noticias que publicaron los medios de comunicación sobre la supuesta matanza de tiburones por la firma del decreto ejecutivo número 486, el cual busca regular la pesca incidental. En el último enlace sabatino del presidente Rafael Correa, en Quito, se difundió el contenido de esa cadena por primera vez.

"Este decreto se convirtió en la única arma para preservar tiburones", señaló el Mandatario. Además, agregó que la E mbajada de EE.UU. le hizo un reconocimiento al Ecuador por haber logrado el liderazgo internacional en la conservación de esta especie animal.

A juicio del Presidente, lo que se hizo fue regular la pesca con nuevos mecanismos.

Para Ortiz, la cadena del Gobierno es una mentira. "Lo que hicieron los medios de comunicación fue transmitir las preocupaciones y angustias de las organizaciones ecologistas cuando se suscitó este episodio", precisó.

En ese sentido, el periodista recalcó que el Gobierno sacó de contexto esa información, pues la prensa jamás emitió un criterio en particular sobre ese tema.

Esta disputa agrava el escenario de conflicto entre el Gobierno y Teleamazonas. Esto, tras el fallo del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de dejar sin efecto los dos casos contra ese canal. El Conatel anunció que presentará un recurso de Casación y seguirá todos los procesos, incluso -si es necesario- irán hasta el Recurso Extraordinario de Protección ante la Corte Constitucional.

Según Rafael Correa, esa disposición muestra que en dicha dependencia existe una "corruptela total". Resaltó que se está enfrentando a los poderes mediáticos y financieros del Ecuador.

Este Diario intentó obtener una versión de Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia, para que explicarle sobre la cadena de ayer, pero no se obtuvo una respuesta.


El futuro del juicio al fiscal Pesántez se define en la sesión de Alianza País
El Comercio | Politica 08 03 2010, 08:45

Redacción Política

Hoy, en la oficina de la Primera Vicepresidencia de la Asamblea, se definirá sobre el juicio político contra el fiscal Washington Pesántez. En ese lugar, suelen reunirse los asambleístas de Alianza País (AP) para definir la ruta que seguirá dentro del Legislativo.

El bloque mayoritario de la Asamblea aún no tiene una posición unánime sobre el futuro del Fiscal General. 39 integrantes del movimiento, quienes pidieron su renuncia el 26 de enero pasado, siguen con la intención de llevarlo a un juicio político.

María Paula Romo es una de las legisladoras que lidera esa iniciativa. Ella cree que hay suficientes evidencias de actos de corrupción dentro de la Fiscalía.

Durante cuatro semanas, los asambleístas de Alianza País han recopilado información sob re presuntos casos de extorsión, nepotismo y favoritismo para elegir a fiscales. Todas esas evidencias se harán públicas hoy para convencer a sus colegas que aún no se alinean a la posición mayoritaria.

Por eso, Romo dijo que en los próximos días presentarán un pedido formal para que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea inicie el proceso político.

Luego de que se cumpla el trámite de entrega de pruebas de cargo y de descargo, se impulsará la salida del Fiscal. Los que apoyan esa iniciativa creen que si sigue la tendencia del 26 de enero, la censura puede tener vía libre.

En esa sesión, 58 legisladores apoyaron la moción. Entre ellos se encontraban miembros de Alianza País, Partido Socialista, Movimiento Libertad y Justicia, Partido Sociedad Patriótica, Pachakutik...

Para la censura del titular del Ministerio Público se necesitan cinco votos más (en total 63) de los que tuvieron en enero.

Y en un mes, las cosas aparentemente cambiaron. Por ejemplo, los integrantes del movimiento Acuerdo para la Descentralización y la Equidad (ADE) tienen otro criterio. Sus seis miembros apoyan el enjuiciamiento a Pesántez, antes ellos se abstuvieron de votar o no fueron a la sesión.

Lo mismo sucede con Leandro Cabrera, de la Izquierda Democrática. Él aseguró públicamente que respaldaba el proceso político en contra del funcionario.

El cambio de criterio del ADE y del representante de la ID se debe a las nuevas evidencias que presentaron los legisladores de AP.

Pesántez se ha mostrado tranquilo con el posible juicio político. Él envió 2 500 hojas como respuesta a las denuncias de sus fiscalizadores. También apuntó sus críticas a quienes lideran la iniciativa: Romo y Rosana Alvarado.

Adicionalmente, Pesántez espera que en la decisión de los legisladores pese una intención de fortalecer la Fiscalía. Durante sus dos años de gestión, s e contrataron aproximadamente 526 nuevos fiscales y se compraron 34 edificios. También se crearon 11 fiscalías para casos indígenas. La nueva infraestructura se instaló en las ciudades más pobladas o con mayor índice de violencia.

Los funcionarios cercanos al Fiscal conocen que en la sesión de Alianza País el panorama se definirá. Por ejemplo, dos miembros de esa bancada, Aminta Buenaño y Vethowen Chica, todavía no están claros. Ellos votaron por el pedido de renuncia, pero ahora quieren conocer, en detalle, las acusaciones contra Pesántez.

Lo mismo ocurre con otros movimientos políticos que no creen en la transparencia de Alianza País para enjuiciar al Fiscal. Fausto Cobo, uno de los legisladores más fuertes de Sociedad Patriótica, aún está convencido de que todo es un show, para despistar la atención mediática del tratamiento de leyes, que luego del receso entran a una etapa decisiva.

Vicente Taino, vocero del Prian, asegu ra que esperará que se desarrolle el proceso político para tener una posición en firme.

Susana González, representante de Madera de Guerrero, también aguarda por la definición de Alianza País, aunque ella sostuvo que si el grupo de Romo impulsa el enjuiciamiento, sus siete miembros los apoyarán.

Los votos en el Pleno

Gastón Gagliardo fue el único asambleísta que votó en contra del pedido de renuncia del fiscal Washington Pesántez, en la reunión del pasado 26 de enero.

El legislador es hermano gemelo del fiscal de Guayas, Antonio Gagliardo. Cuando votó en contra aseguró que no encontraba motivos para pedir la salida de Pesántez.

Varios asambleístas de la oposición se abstuvieron de solicitar la renuncia del Fiscal General. Entre ellos, Lourdes Tibán (Pachakutik), Andrés Páez (ID), Gilmar Gutiérrez y Fausto Cobo (Sociedad Patriótica).

Los legisladores que impulsan la censura de Pesántez pertenecen a Alianza País. Los principales son: María Paula Romo, Rosana Alvarado, Virgilio Hernández y Paco Velasco.

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